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Salta

Ahora son 10 nuevos funcionarios salteños imputados por el cobro del IFE

Encontraron pruebas contra 7 concejales de distintos municipios y 3 gerentes del PAMI. El fiscal federal Toranzos los acusa de defraudación e incumplimiento de deberes.

El fiscal federal Ricardo Toranzos tuvo ayer una ardua jornada por el escándalo del cobro irregular de los $10.000 del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) por parte de concejales y funcionarios de Salta que habrían querido sacar una tajada del subsidio nacional destinado para personas sin trabajo y en condiciones económicas precarias.

Por la mañana imputó, mediante una audiencia virtual, por los delitos de defraudación a la administración pública e incumplimiento de deberes de funcionario público a tres gerentes del PAMI y a la tarde hizo lo propio, ante el juez Leonardo Bavio, con siete concejales de distintos municipios de la provincia.

La investigación que lleva adelante Toranzos tiene a otros 18 funcionarios públicos (17 concejales y un empleado de la delegación salteña del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación) acusados del mismo delito, quienes ya fueron imputados legalmente en agosto pasado.

En las pesquisas del fiscal hay además unas 20 personas, entre ediles y funcionarios, que hicieron los trámites para retirar el IFE pero fueron rechazados por el sistema informático del Anses por incompatibilidad en los requisitos necesarios para recibir el subsidio. Si bien el delito no llegó a concretarse, igual habría una responsabilidad penal, y es lo que Toranzos estudia implementar, por intentar sacar provecho del plan que se lanzó ante la crisis desatada por la pandemia de la COVID-19. Dentro de ese grupo de empleados públicos que están bajo la lupa se encuentra el titular del Anses en Salta, Marcos Vera.

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