La intervención del fiscal penal Gabriel Portal, se produjo a partir del inicio de la Averiguación por parte de la Fiscalía Penal Delegación El Carril-Coronel Moldes, que comenzó a investigar a partir de la noticia criminis del diario El Tribuno, cuya publicación titulada “Depredación en el Cabre. un negocio de $ 80 millones” reveló que alrededor de 168 toneladas de pejerreyes son extraídos de forma ilegal del Dique Cabra Corral a lo largo del año y por parte de depredadores. Allí surgió que hace unos años se nombró a una Inspectora de Ambiente para controlar la pesca furtiva, pero resultó que la funcionaria fue descubierta en varias ocasiones depredando en el dique y entre sus antecedentes policiales, surgieron amenazas y resistencia a la autoridad.

El decreto de citación a la audiencia de imputación, -la que se concretará el 4 de febrero próximo-, precisa que la causante, de 49 años se trataría de la inspectora de Ambiente, Mónica Castillo., habría dado muestras de que llevaría una conducta contraria a sus funciones y que se le puede atribuir -prima facie-, la comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en calidad de autora y en concurso ideal.

Es que durante la investigación surgió que la mujer no solamente vendía pejerreyes y permisos de pescas en su domicilio particular de Coronel Moldes, sino que incurrió en una extralimitación en el marco de sus funciones porque se advirtió una connivencia inusual que le permitió direccionar operativos, investigaciones y contravenciones discrecionales.

Para llegar a la imputación, la Fiscalía contó con informes de la División Lacustre y Fluvial y de la Jefatura Policial de la Dirección General de Seguridad de la Policía de la Provincia y otro, de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Se sumaron distintas declaraciones testimoniales, entre las que se destaca la de un efectivo policial que confirmó que la mujer fue demorada en años anteriores por hechos de pesca furtiva. Otras personas testimoniaron sobre el accionar de la funcionaria y la acusaron de “beneficiar a ciertos grupos de redeadores y que incluso el hijo de la mujer, redeaba”.

De acuerdo a las pruebas incorporadas, la mujer que será imputada es técnica administrativa del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable de la Producción.

La Fiscalía Penal de Embarcación interviene en más de 20 causas de violencia intrafamiliar. Muchas de las denuncias fueron registradas en época de fiestas de fin de año, entre la última semana de 2020 y la primera de enero. La mayoría de los casos involucran a jóvenes con problemáticas de consumo.

La fiscal penal de Embarcación, Gabriela Souto, interviene en 23 casos de violencia familiar, de los cuales 10 cuentan con personas detenidas, por hechos denunciados entre la Navidad de 2020 y la primera semana de enero de 2021. Es que a todas las denuncias radicadas previamente por madres o padres en contra de sus hijos, por los delitos de amenazas o lesiones, se agravaron con la comisión del delito de desobediencia judicial. En esos casos, tenían consulta anterior con medidas de conducta dictadas por el Juzgado de Violencia Familiar interviniente y que fueron desacatadas.   

Por otra parte, durante el mismo período, se iniciaron otras 13 causas con intervención de la Fiscalía Penal de Embarcación, con dictado de medidas de conducta por parte del Juzgado de Violencia. En esos casos no hubo detenciones ya que las personas imputadas vienen respetando las medidas de conducta impuestas para mantener la condicionalidad de la pena.

La fiscal Gabriela Souto advirtió que la violencia doméstica puede adoptar distintas formas, entre ellas, el abuso emocional o físico, el hostigamiento y las amenazas. “Las relaciones abusivas siempre conllevan un desequilibrio de poder y control y las personas abusadoras eligen palabras y comportamientos intimidatorios e hirientes hacia sus madres o padres”, antes los cuales hay que estar alertas, precisó la fiscal. Y agregó que la mayoría de los hechos abordados por la Fiscalía, se originaron en la preocupante situación sociosanitaria de aumento de adicciones al alcohol y sustancias estupefacientes, cuando hijas o hijos piden dinero a sus padres para adquirirlos y se les niega.

Un hecho totalmente repudiable ocurrió en Salta. Una mamá llevó de urgencias a su beba de 1 año y 9 meses a la guardia del Hospital Materno Infantil. La pequeña entró con fiebre pero el personal de salud advirtieron que había sido abusada sexualmente.

La mujer salteña le contó a la doctora que atendió a su hija que sentía que ésta lloraba mucho y con una temperatura altísima.

Ver también

Cuando la profesional le informó a la mamá sobre lo descubierto, llamaron inmediatamente a la Policía para que intervenga en el caso, señaló Hola Salta.

Por el momento no circuló ninguna información oficial sobre el suceso, aunque indican que las sospechas apuntan al abuelo paterno de la menor, es decir el suegro de la mamá. “La alzaba constantemente y le hacía juegos cariñosos tocándole a la menor en la parte de la tetilla”, habría contado la madre de la bebé.

El padre de la nena denunció a un efectivo policial y a un comisario, por incumplimiento e inoperancia, además acusó a los efectivos de no prever las consecuencias que podría haber tenido semejante acto de irresponsabilidad. Tanto el imputado como la familia damnificada viven una casa a lado de la otra. El pasado 7 de enero, la niña entró llorando al interior de la vivienda, y le avisa a su papá que el hombre denunciado de abusarla estaba en el fondo de la casa “Mi hija me dice que el tipo estaba en el patio de su casa, y solo nos separa un alambrado, no entiendo cómo pudieron dejarlo violar la perimetral que ordenó la justicia”, contó muy molesto a Radio La 10 Orán.

Por la indignación vivida, el hombre se dirigió a la Comisaria nº21 de esa comuna para solicitar explicaciones, a lo que un oficial le dijo que por las intensas lluvias las celdas no estaban en condiciones optimas, por eso lo dejaron en su domicilio.“Mi hija se encuentra en tratamiento psicológico, y verlo de nuevo solo atrasa su recuperación,” dijo el padre, y agregó “Le pregunté al oficial si sabía de la causa, y me contestó que si.

No entiendo como no midieron el peligro y lo que hubiese pasado si ese infeliz la tocaba otra vez”. resalto.La causa se encuentra paralizada por la pandemia, y el imputado detenido hace 8 meses en la comisaria número 21 de Pichanal, a la espera del juicio, donde se lo acusa de abuso sexual contra una menor de 7 años.El padre de la nena, realizó una denuncia además contra la máxima autoridad de la dependencia, por incumplimiento de la ley, y poner en riesgo a una menor.

Macoritto fue imputado el lunes 11 de enero, cuando asistido por su defensa particular, prestó declaración y negó la acusación en su contra. En tanto, el pasado viernes 15, prestó declaración la víctima.

A la espera del resultado de pruebas requeridas y de nuevas declaraciones testimoniales, la fiscal penal Cecilia Flores Toranzos requirió ante el Juzgado de Garantías en feria la prisión preventiva del acusado.

La denuncia fue radicada por la madre de la menor, de 16 años, en contra de Macoritto, de 25, en la que señaló que en la madrugada del domingo 10 de enero, su hija fue conducida por el acusado a un hotel alojamiento en contra de su voluntad y atentó contra su integridad sexual, al desplegar actos corporales de contenido sexual.