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Las causas contra CFK camino al naufragio

Uno por uno, los procesos contra la ex presidenta y miembros de su gobierno se siguen desarmando ante testimonios y peritajes concluyentes. Lo único que los mantiene en pie es la persistencia de la coalición política, mediática y judicial que maneja las causas, por inconsistentes que sean, y el sistema de comunicación.

Muy lejos de la alharaca de la campaña mediática, este 2021 parece enfilarse otra vez hacia un naufragio sistemático de las causas contra Cristina Fernández de Kirchner y parte de los integrantes de su gobierno. En el juicio crucial sobre la obra pública en Santa Cruz desfilaron los testigos de la fiscalía que, uno por uno, terminaron favoreciendo más a la defensa que a la acusación. Pero ahora vienen los testigos de las defensas, incluyendo a todos los jefes de Gabinete de los gobiernos kirchneristas, empezando por el actual presidente de la Nación, Alberto Fernández. Y le seguirán Sergio Massa, Aníbal Fernández y otros. Todo indica que no habrá fallo en 2021 porque faltan 100 testigos, algunos que se llevarán una jornada completa. En situación de mayor naufragio aún está la causa de dólar-futuro, que podría caerse rápidamente: una pericia firmada de manera unánime derrumbó la acusación y ahora Casación debe resolver si hay juicio o no. Es posible que no haya juicio. También el caso del Memorándum de Entendimiento con Irán está diluyéndose: se espera una respuesta de Interpol y, aunque podría empezar el juicio, no terminará en el año que se inició. Es el mismo cuadro de situación que existe en el expediente de las fotocopias de los Cuadernos: tras un vergonzoso fallo de Casación, habrá que dedicar todo este año a la instrucción suplementaria. Y, sorpresivamente, se viene el estruendoso hundimiento de otra causa que estuvo en la tapa de los diarios opositores: el plan Qunitas. Una pericia aplastó la acusación.

Obra pública

El juicio se inició en mayo de 2019 y los testigos que desfilaron hasta ahora son los convocados por la fiscalía para sostener la acusación. En este año y siete meses, desmantelaron las imputaciones principales:

*Que se pagaron obras que no se hicieron. La discrepancia, según los testigos, fue de menos del 0,1 por ciento.

*Que Lázaro Báez patoteó a las otras empresas constructoras y las compró. Pasaron uno por uno los dueños de las compañías y dijeron todo lo contrario: sus empresas estaban en crisis, las negociaciones fueron normales y Báez demoró un poco en los pagos, pero cumplió.

*Que había atrasos en las obras de Báez. Se demostró que eran los atrasos parecidos a los de todo el país y de todas las empresas.

*Que hubo una maniobra para beneficiar a Santa Cruz por encima de otras provincias. Todas las obras se votaron en el Congreso Nacional y los presupuestos fueron armados por la Comisión de Presupuesto en base a los parámetros existentes.

*Que Báez ganó 51 de las 81 licitaciones, algo que no era inusual en otros distritos, donde empresas locales tienen la maquinaria y el personal en la zona y eso les permite ofertar más bajo que otros competidores. Aún mayor lógica tiene en Santa Cruz porque a pocas constructoras les tienta desplazar su maquinaria y personal a 1.800 kilómetros.

“Ni en nuestros sueños más optimistas esperábamos que casi toda la acusación se cayera con los propios testigos de la fiscalía”, aseguran los defensores de los imputados. Pero al mismo tiempo recuerdan que en este 2021 se vienen los testigos de las defensas.

Un momento cumbre lo tendrán los ex jefes de Gabinete, con el presidente Alberto Fernández a la cabeza. También declararán Sergio Massa, Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina. El punto es que todos ellos conocen bien los mecanismos de cómo se decide la obra pública, cómo se hacen los presupuestos y, sobre todo, como se reasignan partidas. Todo indica que esos testigos terminarán con la acusación contra CFK porque el rol de un presidente es reducido: hay 26 instancias que le ponen la firma a licitaciones, precios y reasignaciones. Hasta el momento, a Cristina prácticamente no la nombraron en el juicio. Su abogado, Carlos Alberto Beraldi, prácticamente no tuvo que intervenir para responder a nada.

Choque

El desplome de las acusaciones es tan fuerte, que aparecen maniobras insólitas. El 3 de enero pasado, el diario Clarín publicó que hubo un escándalo por la declaración del auditor de Vialidad Nacional, Justo Pastor Romero, en la última audiencia, el 14 de diciembre. O sea, con medio mes de atraso, filtraron que los fiscales cuestionaron a Pastor Romero porque leyó parte de su testimonio. En verdad, falsearon lo ocurrido. Este diario visualizó las seis horas de la audiencia y lo que ocurrió es que el especialista hizo un cálculo, obra por obra, de los costos y destrozó la hipótesis de los sobreprecios. Los defensores de los imputados incluso pidieron que los papeles que tenía Pastor Romero se incorporaran a la causa, cosa que los jueces aceptaron. 

El ingeniero estableció que el promedio del costo por kilómetro de las rutas construidas en Santa Cruz fue de 550.000 dólares, el mismo que en el resto del país. Cuatro obras de la Ruta Nacional Paraná-Coronda costaron también 554.000 por kilómetro, pero que hubo tramos de la Ruta Nacional 40 en Mendoza que costaron 1.600.000 dólares porque tenían mayores dificultades. Pero, además, Pastor Romero contó y calculó que durante el macrismo hubo tramos que se construyeron a 1.600.000 dólares el kilómetro, pero con la financiación privada del sistema conocido como Participación Pública Privada terminarían costando 5.500.000 dólares. 

A diferencia de lo señalado por Clarín, el auditor siguió su declaración hasta el final, consultó sus cálculos y los mismos se entregaron después para ser incorporados como documentos del juicio. No hubo nada ni oculto ni oscuro. 

Dólar futuro

Como se sabe, la imputación es contra CFK, su ministro de Economía de ese entonces, Axel Kicillof, el presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli y otros exfuncionarios. La causa quedó en la nada a raíz de la pericia, realizada por peritos de la Corte Suprema, en la que se determinó que no hubo perjuicio para el estado, se mantuvieron las reservas, hubo pérdidas para el Banco Central pero se evitó una corrida cambiaria, que ningún funcionario se benefició -en verdad ganaron plata los que después fueron ministros de Mauricio Macri-, y que la operatoria era habitual en la Argentina desde hacía diez años y que también es habitual en otros países.

El caso quedó tan liquidado que se hizo una presentación para que todos los imputados fueran sobreseídos y se diera por cerrado el caso. El planteo perdió dos a uno -votó en disidencia el juez Adrián Grünberg- y ahora debe tomar la decisión la Sala I de la Cámara de Casación.

Los rumores indican que en esa instancia se podría terminar el caso porque hay pocos interesados en que el juicio se haga: ni siquiera los querellantes, dirigentes del PRO, insisten hoy en la acusación. La Sala I, con la disidencia de Ana María Figueroa, viene de convalidar de manera grotesca a los arrepentidos del caso de las fotocopias de los cuadernos, de manera que podrían inclinarse por una de cal, una de arena.

Como es obvio, nada es seguro en Comodoro Py, pero parece imposible que haya condenas en este expediente.

Memorándum

Es otra causa que está quedando en la nada. Como se sabe, la acusación es que CFK, el fallecido canciller Héctor Timerman y otros ex funcionarios y dirigentes firmaron el acuerdo con Irán y que eso benefició a los sospechosos iraníes de haber atentado contra la AMIA. El punto central es que contra esos cinco individuos se dictaron órdenes de captura con alertas rojas de Interpol y la imputación consiste en que con el Memorándum se levantaban las capturas con alertas rojas. Nada de eso ocurrió y, de hecho, las alertas rigen hasta hoy.

Los dos testigos claves, Ronald Noble y Joel Sollier, titular de Interpol y responsable legal, ya han dicho públicamente que la acusación, originalmente formulada por Alberto Nisman, es falsa y que nunca los funcionarios argentinos hicieron gestiones para levantar las alertas. Con su declaración antes del juicio o durante el juicio, la acusación se caería. Entonces. para evitar que testimonien se lanzó la descabellada acusación de que fueron cómplices del kirchnerismo. Por supuesto, el fallecido juez Claudio Bonadio le dio curso.

En ese marco, Interpol está reticente a que sus exfuncionarios declaren y la central mundial de policías tendrá que contestar en forma oficial al requerimiento.

Mientras tanto, es posible que se cite a una audiencia para preparar el juicio. Un dato exhibe el delirio de la acusación: las defensas pidieron que declaren todos los diputados y senadores que votaron a favor del Memorándum -unos 160 legisladores-, porque la hipótesis de la imputación implica que de alguna manera avalaron el supuesto delito que se cometió. Pocos creen que se llegará a semejante instancia.

Cuadernos

El reciente fallo de la Casación convalidando los arrepentidos pese a que no se registraron sus declaraciones y a que la ley es posterior a los hechos abre las puertas a la realización del juicio por las fotocopias de los cuadernos.

La lógica indica que los miembros del Tribunal Oral Federal 7, que incluye al juez que Cambiemos colocó a dedo, Germán Castelli, convocarán a una audiencia con las partes para que ofrezcan prueba. Lo más probable es que la realización de esas medidas tarde lo que resta del año. Es decir, que no habrá juicio en 2021.

Por supuesto, nada se avanzó en determinar cómo fue que los cuadernos que el chofer Oscar Centeno dijo que quemó aparecieron después intactos. Tampoco se explica por qué Centeno no está acusado -y preso- por falso testimonio agravado ya que mintió en su declaración como arrepentido. 

Plan Qunitas

Otro de los casos que podría llegar a juicio es el expediente del Plan Qunitas, que mereció decenas de tapas en los diarios. Los imputados, tras una denuncia de Graciela Ocaña, son Aníbal Fernández, Daniel Gollán y Ernesto Kreplak -éstos dos últimos, ministro y viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires- entre otros. La denuncia se hizo en junio de 2015, es decir que en este 2021 cumplirá seis años. Como se recordará se trata de kits para madres de recién nacidos y el objetivo era reducir la mortalidad de bebés en sectores vulnerables.

El Tribunal Oral Federal 1 tiene en su poder una pericia que demuele la acusación. Ocaña presentó un kit, con sus precios, lo que según ella demostraba la existencia de sobreprecios. La pericia evidenció, sin embargo, que al kit presentado por Ocaña le faltaban elementos y que no contemplaba la logística, es decir la distribución y el almacenamiento. Valuado todo lo faltante, la pericia indicó que no se encontraron sobreprecios. Ya antes el TOF 1 ordenó que se distribuyeran los kits lo que también terminó con la acusación de que eran nocivos. El kit fue aprobado por el Instituto Nacional de Tecnologia Industrial.

Con la pericia de por medio, parece difícil que existan condenas si el juicio empieza y se termina en 2021. 

Hotesur y Los Sauces

Aunque no habrá definiciones en los juicios contra CFK en este 2021, el desarrollo de dos juicios impacta en causas de la expresidenta. Están pendientes los expedientes conocidos como Hotesur y Los Sauces, relacionados con alquileres de los Kirchner. Pero la acusación consiste en que hubo maniobras en la obra pública y se benefició a Lázaro Báez y a los dueños de Oil Combustibles, Cristóbal López y Fabián De Souza, en relación con su petrolera. Supuestamente, a cambio de beneficios ilegales, éstos le alquilaron propiedades a los Kirchner. Por esa razón, las causas Hotesur y Los Sauces son por lavado de dinero y -según la acusación- los delitos precedentes eran la obra pública en Santa Cruz y los beneficios a Oil.

La cuestión es que los dos juicios, sobre obra pública en Santa Cruz y el de Oil Combustibles están en desarrollo y en ambos casos no aparecen las pruebas de las irregularidades. En el de Oil Combustibles hay una pericia que indica que el grupo estaba al día en planes de pago de la AFIP y que esos planes fueron otorgados a muchisimas otras empresas. Al mismo tiempo está saltando a la luz la trama de la persecución política armada dentro del ente recaudatorio.

Si en esos dos juicios -obra pública y Oil- no hay condenas, quedan averiadas las causas Hotesur y Los Sauces. Más allá de que está probado que los alquileres se pagaron a valores de mercado, se facturaron, los contratos estaban declarados ante la AFIP y todo se hizo de manera bancarizada. 

2021

Como se ve, parece imposible que haya alguna condena contra CFK en este 2021, aunque con el aparato político-judicial-mediático de Comodoro Py nunca se sabe. Pueden aparecer los que se quejen de la lentitud, pero la realidad es que la lentitud está dada por las dificultades que plantean acusaciones en su mayoría vacías, sin pruebas, o, mejor dicho, con pruebas en contrario.

La oposición necesita ruido para compensar su ostensible desventaja electoral y, como hasta ahora, contará con más ruido mediático que otra cosa.

En lo que rige la lentitud, la parsimonia, y la voluntad política de no avanzar es en las causas contra el macrismo: el negociado de los peajes, de los parques eólicos y la venta de Macri Air, por ejemplo. La causa Correo es un emblema: lleva 18 años.

Pero lo que exhibe las maniobras en todo su esplendor es la protección a Carlos Stornelli. Con procesamiento confirmado sigue en su puesto de fiscal, amparado por el aparato judicial alineado con el macrismo. 

Fuente: pagina 12

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Argentina

Cupo laboral trans: Presentaron el Registro para aspirantes a trabajar en el sector público nacional

“El Estado tiene la capacidad de reparar. Acciones como esta dignifican a una parte de la población que ha sido históricamente vulnerada”, dijo Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Luego del acto realizado en Casa Rosada, del que participaron distintas funcionarias nacionales, el registro web quedó abierto y las personas interesadas ya pueden acceder para completar un formulario y subir su currículum a la plataforma.

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El Salón de las Mujeres de Casa Rosada fue el escenario en el que este miércoles por la tarde se presentó el “Registro de Anotación Voluntaria de personas travestis, transexuales y/o transgénero aspirantes a ingresar a trabajar en el Sector Público Nacional”. La encargada de abrir el acto fue Alba Rueda, subsecretaria de Políticas de Diversidad e histórica militante trans, quien subrayó que el anuncio forma parte de “una política transfeminista que debate no solamente cómo funciona nuestra sociedad sino también otro modo de hacer el Estado“.

Del acto participaron activistas de diversas organizaciones y Rueda remarcó: “Llegamos aquí gracias a los movimientos sociales travestis y trans que cotidianamente luchan al lado de esta agenda social y política de reconocimiento de nuestros derechos”. Por su parte, Gómez Alcorta sostuvo que, con este tipo de herramientas, el Estado muestra su “capacidad de reparar con el acceso al empleo de una población para la que la respuesta de las instituciones ha sido históricamente la estigmatización, la criminalización y la patologización”.

La creación del registro viene a cumplir con lo establecido por el Presidente el 4 de septiembre de 2020, cuando firmó el decreto N°721/2020 de Cupo Laboral Travesti Trans para garantizar un mínimo del uno por ciento de los cargos y contratos del Sector Público Nacional para personas travestis, transexuales y transgénero. En el registro, al que se accede a través de la web del Ministerio, se puede completar un formulario con antecedentes laborales, datos sobre educación, saberes y cursos tomados, entre otras cosas, además de la posibilidad de adjuntar un currículum. 

Según informaron desde la cartera dirigida por Gómez Alcorta, las personas podrán inscribirse sin importar si realizaron o no la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen en su DNI. El Ministerio se encargará de registrar información de puestos de trabajo disponibles y elaborar perfiles laborales que se pondrán a disposición de las áreas de recursos humanos del Sector Público Nacional. Para obtener información, también se puede escribir un correo electronico a [email protected]

Además de Gómez Alcorta y Rueda, del acto también participaron otras funcionarias de la estructura nacional, donde se implementará la medida, como Victoria Donda, presidenta del INADI, Ana Castellani, secretaria de Gestión y Empleo Público, Laura Sirotzky, subsecretaria de Educación Social y Cultural del Ministerio de Educación, y Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia.

En su discurso, Ibarra destacó la decisión presidencial de incluir en el temario de sesiones extraordinarias de la Cámara de Diputados el proyecto de “Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero”: “Arrancamos con este decreto pero queremos la ley“, dijo Ibarra, mientras que Gómez Alcorta concluyó: “Nos falta la ley y vamos por ella, ahora tenemos un nuevo ‘que sea ley'”.

Fuente: pagina 12

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Argentina

ANSES le condonó intereses de préstamos a 2,5 millones de jubilados por $44 mil millones

Un millón setecientos mil jubilados sacaron créditos con ANSES hasta 2015, en su mayoría para gastos suntuarios. Con el recorte de haberes y la escalada inflacionaria, la cifra se elevó a 6,9 millones de préstamos que pasaron a deberle al organismo previsional en sólo cuatro años. El Estado invirtió $ 44.000 millones para descomprimir pagos a tasas altísimas que había generado el macrismo.

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La situación se había vuelto insostenible, al punto de que muchos se endeudaron para poder pagar las boletas de servicios básicos. En ese contexto, la entidad condonó intereses por $ 44.000 millones desde la asunción de Alberto Fernández.

Los préstamos ANSES (y antes créditos a través de la tarjeta Argenta) surgieron en 2012 como una herramienta del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores pasivos ante las limitaciones inherentes a la fórmula de actualización de haberes. De acuerdo a documentos internos, la mayoría de las 1.741.509 de líneas se destinaron a la adquisición de productos o servicios suntuosos.

La situación cambió drásticamente cuando Cambiemos desembarcó en el Gobierno, con una mirada privatista de las jubilaciones. De hecho, el trabajo de Emilio Basavilbaso en la dirección ejecutiva de ANSES se guió alrededor de esta premisa. Además de cambiar la fórmula por una que redujo drásticamente los ingresos y corrió atrás de la inflación y de desfinanciar al organismo, el macrismo usó los préstamos para las campañas partidarias.

Mientras que en 2015, el FGS destinó sólo el 2,5% de su patrimonio para estos créditos, para las legislativas de 2017 se incrementó de forma enérgica hasta el 6,1%. Esto fue facilitado al permitirle endeudarse también a beneficiarias de la asignación universal por hijo y pensionados, que hasta el momento habían quedado afuera por el mayor riesgo sistémico que implican esas líneas por la posibilidad de mora.

Para las presidenciales de 2019, Macri le echó mano a todos los fondos públicos que pudo convertir en aportes de campaña, como el acuerdo con el FMI por U$S 57.000 millones. Los créditos ANSES en ese año ocuparon el 8,4% de los recursos del fondo de ANSES.

La suba en la ponderación se dio por partida doble: además de más créditos, Basavilbaso destruyó el FGS, al punto de que pasó de U$S 65.000 millones a cerca de la mitad.

Ese endeudamiento masivo que los beneficiarios de ANSES debieron realizar para poder llegar a fin de mes dejó a muchas familias en una condición de vulnerabilidad. Esto se notó aún más con el inicio de la pandemia, por lo que el FGS tomó una decisión inédita de suspender los cobros de las cuotas y luego condonar los intereses de las deudas.

Esta resolución de Fernanda Raverta, como titular de ANSES, y Lisandro Cleri, como subdirector ejecutivo de operaciones del Fondo, implicó una inversión del Estado de $ 44.000 millones, de acuerdo a los cálculos del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda. En concreto se favorecieron 2,5 millones, entre jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH.

Esto equivalió a una transferencia indirecta de $17.600 por persona y se suma a los otros programas que el Gobierno nacional desplegó para mejorar de forma veloz los ingresos de estos sectores tan golpeados, como el de la bonificación de remedios por parte de PAMI.

El Ejecutivo también recortó la tasa de los créditos. Mientras que en 2019 se habían llegado a entregar por el 42% anual, los nuevos del año pasado se lanzaron al 29%. Ese interés incluso se encuentra por debajo de la inflación, que en 2020 alcanzó el 36,1%.

En este sentido, un jubilado que percibía la mínima en diciembre de 2019 y tenía un crédito de $ 90.000 a 60 cuotas, debía usar cada mes el 25,6% de su haber para el préstamo. Con estos nuevos créditos, la relación cuota-haber de un préstamo con las mismas condiciones, pero en el diciembre de 2020, sería del 17%. Esta reducción se dio por dos motivos: el aumento de la jubilación mínima y la reducción de las cuotas a pagar.

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Argentina

De no creer: en Formosa tienen a niños encerrados en centros de aislamiento

Desde la UCR van a denunciar al gobernador de Formosa ante la Justicia Federal.

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Video: TN

Formosa se está llevando todas las miradas del país. Sucede que el maltrato en los centros de aislamiento se están revelando y ahora se difundió un video donde hay niños encerrados sometidos a controles de temperatura detrás de rejas. Desde la Unión Cívica Radical (UCR) van a presentar el material a la Justicia Federal para denunciar al gobernador de la provincia vecina por privar la libertad ilegalmente de los menores de edad.

En dicho territorio cuentan con distintos centros de aislamiento con alrededor 3000 personas presentes, con un total de 1091 contagiados, según información oficial. Estos lugares se dividen entre escuelas, polideportivos y hoteles, donde la gente cumple la cuarentena. También hay 13 centros de alojamiento que reciben a los contagiados de COVID-19 y a quienes fueron contactos estrechos de casos confirmados.

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Es muy habitual ver en estos centros a más policías que personal de salud. En sí, los pacientes no llegan en ambulancias, sino en patrulleros. Por su parte, la custodia es 24 horas y en las noches cierran con candado y apagan las luces.

La situación es más que incómoda y por eso el radicalismo hará una presentación ante la Organización de las Naciones Unidas. El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados Mario Negri adelantó en TN que, junto a su par del Senado Luis Naidenoff, llevará al caso ante el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, encabezado por la expresidenta de Chile Michelle Bachelet.

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Argentina

Acuerdo con el precio de la carne: cortes a precios populares

Habrá precios acordados para los diez cortes de carne vacuna más consumidos por los argentinos. El programa tendrá una revisión periódica. En esta primera etapa se congelarán los precios hasta el 31 de marzo

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El Gobierno cerró un acuerdo con el consorcio exportador ABC por el cual diez cortes de carne vacuna de los más consumidos en Argentina tendrán precio acordado hasta el 31 de marzo.

El acuerdo, que será anual y con revisiones periódicas, rebaja los precios de la carne hasta un 30% de los valores de diciembre. De esta manera, los precios del asado, vacío, matambre, bola de lomo, carnaza, falda y roast beef, permanecerán congelados hasta el 31 de marzo. 

A este acuerdo se le suman la carne picada y el espinazo, cortes vigentes en Precios  Cuidados, totalizando 10 cortes.

El precio del asado

El acuerdo incluye los cortes más representativos del consumo de los argentinos. Hay cortes parrilleros, cortes para consumo diario como milanesas y cortes para cocción a la olla.

Se venderán 8 cortes de carnes, que se suman a los 2 que ya están presentes en el programa Precios Cuidados, totalizando 10 cortes de carne a precios accesibles.

Uno de los cortes más populares, la tira de asado tendrá un precio de $ 399. La lista completa es la siguiente: 

  • Tira de asado: $399 (29% más bajo que en diciembre)
  • Vacio: $499 (20% más bajo que en diciembre)
  • Matambre: $549 (13% más bajo que en diciembre)
  • Tapa de asado: $429 (15% más bajo que en diciembre)
  • Cuadrada/bola de lomo: $489 (13% más bajo que en diciembre)
  • Carnaza: $359 (13% más bajo que en diciembre)
  • Falda: $229 (30% más bajo que en diciembre)
  • Roastbeef: $399 (12% más bajo que en diciembre)
  • Carne picada ($265) y
  •  Espinazo ($110), vigentes en Precios  Cuidados totalizando 10 cortes

Puntos de venta

Inicialmente serán comercializados en supermercados como CotoJumbo, Plaza Vea, Disco, Carrefour, Walmart, La Anónima, Día %, Libertad y Carnicerías Friar, entre otros; y en el Mercado Central de Buenos Aires. Serán más de 1600 bocas de expendio en todo el país.

 Precios cuidados de carne: días de vigencia

En los supermercados, estará disponible los fines de semana y los miércoles de las primeras 3 semanas de cada mes, mientras que en el Mercado Central, todos los días.

Se estima un volumen inicial de entre 5.500 y 6.000 toneladas por mes, lo que lo convierte en uno de los mayor acuerdo logrados con el sector de los últimos años.

Inflación en Alimentos

Sobre el aumento de los precios en alimentos, el ministro Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, dijo en diálogo con AM 750 que el acuerdo de cortes de carne a precios más bajos tiene el objetivo de “retrotraer el aumento que se produjo sobre todo en noviembre y diciembre”.

Respecto de la suba de precios de los alimentos frescos, el ministro sostuvo que el tema “nos tiene muy ocupados”.

En ese sentido, aseguró que en 2020 “la inflación de los alimentos de la góndola estuvo en torno al 23%, muy por debajo de la inflación general, pero cuando uno ve lo que pasó con las frutas, verduras o carnes, ahí el aumento estuvo por arriba del 56%”.

Kulfas explicó que gran parte de estas subas “tienen que ver con aumentos en precios internacionales, en los commodities” y destacó el trabajo conjunto que vienen haciendo con el ministro de Agricultura, Luis Basterra, y con la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, para generar nuevos acuerdos y encontrar mecanismos que puedan evitar que esos movimientos externos impacten en la canasta de las y los argentinos.

Fuente: Bae negocios

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Argentina

Una mujer perdió un embarazo en un centro de aislamiento por estrés

Juan Gabriel Núñez Centurión, 32 años, y su pareja Zunilda Gómez, de 33 y embarazada de tres meses y medio, son padres de tres chicos de 5, 8 y 12 años. Fueron aislados compulsivamente por las autoridades sanitarias de Formosa, donde viven, argumentando que era contacto estrecho de un caso positivo. La mujer, por el estrés, perdió el embarazo. Ella y sus chicos fueron dados de alta; están solos y pide reencontrarse con su pareja aislada.

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La familia vive en Clorinda; el mes pasado un vecino inició el trámite salir de la provincia y test de Covid-19 le dio positivo y, aunque ellos no habían estado en contacto, el 19 de diciembre los trasladaron al hotel Embajador para aislarlos. Después de ser testeados esa misma jornada y la del 26 y dar negativos, siguieron allí. Gómez -encerrada en una habitación con sus tres hijos y Núñez Centurión durante todo el día- comenzó con pérdidas. Su pareja insistió hasta conseguir que la trasladaran al hospital Cruz Felipe Arnedo, donde le recetaron dos medicamentos y la enviaron nuevamente al aislamiento.

El 31 de diciembre les efectuaron un tercer hisopado y el del hombre dio positivo. Aseguran que nunca les mostraron ningún documento oficial, solo les informaban verbalmente. Ese planteo es constante entre los aislados, no ven escritos.

A él lo trasladaron a la capital, al estadio Cincuentenario. Raquel se quedó en el hotel con sus hijos; en la madrugada del 4 de enero volvieron las pérdidas. La llevaron de nuevo al hospital, donde le realizaron un legrado. Por la noche regresó al hotel y quedó sola con los chicos. Dos días después los dejaron irse. En todo ese período pasaron por cinco hisopados, todos negativos.

Gómez reclamó la copia de su historia clínica en el hospital, donde le dijeron que la habían extraviado; su pareja continúa aislado y el martes fue traslado al Club Atlético Social Argentino del Norte de Clorinda, donde -según cuenta-hay casos positivos y negativos. Sólo les controlan la fiebre y les toman el pulso una vez día.

La documentación en la que basa su reclama la familia Gómez, en Formosa

Esa historia se suma a otras que generan las protestas en Formosa por la estrategia sanitaria oficial de no permitir los aislamientos domiciliarios y, además, hay cuestionamientos sobre la claridad y confiabilidad e la información que se entrega respecto de los resultados de los hisopados.

LA NACION accedió también a un listado de 18 nombres de integrantes de la comunidad wichi que desde el 8 de este mes cumplen aislamiento en la Escuela 498 de Barrio Viejo en Ingeniero Juárez; todos sus hisopados dieron negativos y señalan que en el mismo lugar hay positivos y no se instrumenta ningún protocolo para evitar los contagios. Dos de las personas son diabéticas y están sin medicación ni atención médica.

Según señalaron no se realiza limpieza de las aulas ni de los espacios comunes; no se les entregan productos de higiene, ni alcohol en gel; no tienen heladera y los baños no funcionan. Se improvisaron duchas al lado de los sanitarios tapados.

Centro de aislamiento en Formosa

Por otro lado, Benjamín Martínez y Marianela Merino, la pareja wichi de la localidad formoseña de Ingeniero Juárez que vivieron 40 días de desesperación desde que fueron separados de su hijo recién nacido esperan que en las próximas horas las autoridades se lo entreguen. Todo este tiempo lo pasaron sin información; recién hubo respuesta oficial cuando el caso trascendió. Cuando a Marianela le dieron el alta después del parto el análisis de Covid-19 le dio positivo (cuando la internaron era negativo). Desde el 20 de enero está aislada en la escuela 319 donde debe cumplir cuarentena.

El caso de la pareja y los restantes integran la primera medida cautelar presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la situación que se vive en Formosa. La hicieron Bases Republicanas y Cadal, dos organizaciones de la sociedad civil por entender que los habitantes de la provincia son “víctimas de múltiples violaciones a sus derechos humanos” originadas en las medidas de aislamiento obligatorio en centros estatales dispuestas por la administración de Gildo Insfrán.

Los abogados Miguel y Juan Montoya -también concejal de la capital provincial- llevan realizadas varias presentaciones ante el Juzgado Federal 2 de Formosa que encabeza María Belén López Macé, una es por el caso de una familia que después de 14 días de aislamiento debió reiniciarlo. “Los hisoparon a los nueve miembros, dieron tres veces negativos y un día después de terminado el aislamiento estando todavía en la misma escuela los vuelven a testear y dan positivos. Les ordenan a todos quedarse otra vez 14 días”.

“Es un caso paradigmático; van a permanecer 30 días aislados y en la Justicia no resuelve porque la magistrada se declara incompetente y pasa a Cámara que está integrada por un solo juez porque otra está de licencia. La Cámara también se declaró incompetente; estamos presentando una recusación”, explica Montoya.

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